El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Rural recibió ya la carta de conformidad de la Comisión Europea al Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) por parte de la Comisión Europea, lo que permitirá poner en marcha las medidas consideradas estratégicas por el Departamento para el periodo 2014-2020, en el marco del Reglamento 1305/2013 del Fondo Europeo de Garantía Agraria de Desarrollo Rural (FEADER).
La CE da su conformidad al Programa Nacional de Desarrollo Rural con 430 M de fondos hasta 2020
La carta de conformidad permite al Ministerio poner en marcha el PNDR. Ahora se constituirá la Comisión de Seguimiento y la aprobación de los criterios de selección que deberán cumplir las medidas para su ejecución y cofinanciación.
El PNDR contará para el periodo de programación 2014-2020 con casi 430 millones de euros, de los cuales 238 millones proceden del FEADER y el resto son fondos propios del Ministerio de Agricultura.
Establece la estrategia a seguir durante todo este periodo en todo el territorio nacional en el ámbito de las competencias de este departamento, complementándose con los PDR regionales, que pongan en marcha las comunidades autónomas. A ello contribuye el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, desarrollado en colaboración entre la Administración General del Estado (AGE) y las CC.AA. yque fue aprobado el pasado 13 de febrero. Este Programa incluye medidas de inversión pública, tanto de actuaciones declaradas de interés general, como aquellas de carácter supraautonómico o bien las correspondientes a materias cuya competencia la Constitución (artículo 149) atribuye al Estado.
Se pondrán en marcha, por tanto, entre otras, actuaciones de formación para directivos y asesoramiento para los productores de base de las entidades asociativas prioritarias, así como las inversiones para favorecer la creación de dichas entidades.
También se considerarán proyectos de cooperación en el ámbito industrial, relacionados con un uso más eficiente de la energía.
Otras medidas
Por otro lado, se consideran ciertas medidas que incluyen operaciones que, a partir de una inversión pública relativamente baja, constituyen instrumentos altamente eficientes para la consecución de los objetivos de fijación de población, vertebración del territorio, conservación del patrimonio rural y protección y conservación del medio rural.
Estas medidas se refieren a actuaciones de prevención de incendios y restauración, tras grandes incendios; conservación de recursos genéticos, inversiones para transformación y modernización de regadíos; caminos naturales de ámbito supraautonómico; el programa de la Red Rural Nacional, y la puesta en marcha de la Asociación Europea para la Innovación (EIP).
